Cerca de 10 mil millones de pesos han sido salvaguardados por la Oficina Asesora Jurídica del Municipio entre los años 2016 y 2017
Valledupar, 3 de octubre de 2017. Siguiendo directrices del alcalde Augusto Daniel Ramírez Uhía y con el liderazgo del asesor Miguel Ángel Rocha, la Oficina Asesora Jurídica del gobierno Valledupar Avanza reporta con éxito que, en lo que va corrido del actual Gobierno Municipal, se han salvaguardado aproximadamente 10 mil millones de pesos.
El Municipio ha sido demandado en múltiples oportunidades por diferentes conceptos, entre ellos, solicitudes de reparación directa, controversias contractuales, controles de nulidad, entre otras, ascendiendo a 372 las demandas presentadas en contra del ente territorial, algunas de ellas con más de 8 años de haberse impetrado.
“Hay una alta ‘litigiosidad’ en el municipio de Valledupar, algunos de esos procesos tienen más de 8 años de vigencia, y hay que resaltar que aquí se demanda bastante a las entidades públicas y por esto se convierte en todo un desafío la defensa judicial que hacemos”, afirmó Rocha, resaltando el éxito obtenido en las más recientes batallas jurídicas.
El Asesor jurídico, ha ratificado que el compromiso encabezado por el alcalde Ramírez Uhía, es defender los recursos del Municipio con juicio, sentido de pertenencia y toda la entrega profesional, pues son dineros cuyo destinación es la inversión para beneficio de los ciudadanos.
“La orden a cada apoderado externo y al equipo que integra la Oficina Asesora Jurídica es que hagan un estudio juicioso, minucioso, y planteen los mejores argumentos en las contestaciones de las demandas y en cada demanda que el Municipio ejerce”, puntualizó el asesor Rocha.
El compromiso del gobierno Valledupar Avanza es salir triunfante en cada proceso judicial a los cuales se ve abocado, debido a que son los recursos públicos los que están comprometidos en medio de cada litigio; se está construyendo actualmente la Política de planeación del daño anti – jurídico, pues se quiere identificar, entre otros, los hechos generadores de responsabilidad patrimonial del Estado.
