La JEP impuso una sanción alternativa de 6 años y 3 meses de privación de la libertad al coronel retirado Juan Carlos Figueroa Suárez, por su responsabilidad en 38 asesinatos presentados falsamente como bajas en combate cuando estuvo al frente de una unidad del Batallón La Popa, en Valledupar, entre 2004 y 2005. Entre las víctimas había integrantes de los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo. La sentencia incluye 11 obligaciones restaurativas, como dignificar la memoria de las víctimas, apoyar la búsqueda de desaparecidos y reparar a las familias. Familiares rechazaron el fallo. Karen Castro, hermana de una de las víctimas, anunció que recurrirá la decisión. El caso reabre el debate sobre verdad, justicia y reparación para las familias de los falsos positivos en el Cesar.

Como parte de los compromisos para garantizar la continuidad y calidad en la prestación del servicio de agua potable, la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, Emdupar S.A. E.S.P. culminó con éxito los trabajos de refuerzo en la red que abastece al sector de La Primavera y sus barrios vecinos. La intervención técnica incluyó la excavación de 60 metros lineales, la instalación de 10 tubos y la habilitación de una tubería de 8 pulgadas, complementada con una válvula de control de 3 pulgadas. Estas obras permiten superar de manera efectiva la deficiencia de presión e intermitencia en el suministro que venía afectando a los habitantes de los barrios, la Primavera 1 y 2, Parques de La Primaver, Cacias, Guayacanes y el sector de Lorenzo Morales como el Porvenir entre otros. Cierre de circuito en pausa por actos vandálicos Dentro de la planificación técnica, los operarios de Emdupar avanzaba en el cierre del circuito de distribución, una maniobra clave diseñada para reducir los tiempos de recuperación cuando hay una suspensión del servicio durante mantenimientos y garantizar una presurización más uniforme en todo el sector. Sin embargo, la empresa lamenta informar que personas amigas de lo ajeno sustrajeron dos tramos de tubería además los operarios fueron amenazados, situación que ha diferido la culminación total del cierre de circuito. «Hacemos un llamado respetuoso pero firme a la comunidad para que proteja los bienes públicos que son para el bienestar de todos. El hurto de infraestructura no solo retrasa la entrega definitiva de las obras, sino que perjudica directamente la continuidad del servicio en los hogares», manifestó el jefe de Gestión Técnica, Julio César Rodríguez.

  La conexión del proyecto multipropósito del río Ranchería con la represa El Cercado representa un avance decisivo para llevar agua hacia San Juan del Cesar y sus corregimientos. Esta infraestructura tiene el potencial de beneficiar a más de 45.000 habitantes, una vez culminen las obras complementarias y entre en funcionamiento el sistema de abastecimiento. En un acto protocolario realizado en la represa El Cercado, se oficializó la conexión de la línea de conducción San Juan con esta infraestructura hídrica, mediante la habilitación de la válvula que permite avanzar en la conducción del recurso. Este paso acerca al municipio a una alternativa de abastecimiento que cobra especial importancia durante las temporadas secas y representa una nueva oportunidad para aprovechar el potencial de la represa. El proyecto es una apuesta estratégica de la Gobernación de La Guajira, ejecutada a través de la Empresa de Servicios Públicos (ESEPGUA), con recursos del Sistema General de Regalías. Como parte de las acciones para habilitar la conexión, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) destinó cerca de $570 millones al mantenimiento especializado de la línea de conducción San Juan, de 18,1 kilómetros. Los trabajos incluyeron la optimización de válvulas, la instalación de dispositivos para estabilizar el flujo hidráulico y el mantenimiento de 38 cajas con sus respectivos accesorios, lo que permitió completar las pruebas hidráulicas. El acto contó con la participación del ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond Baquero; el presidente de la ADR, Orlando José Dangond Baute; el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque; la gerente de ESEPGUA, Andreína Susana García Pinto; los alcaldes de Distracción y San Juan del Cesar, Jacob Arnaldo Brito Brito y Enrique Camilo Cubita Urbina Suárez, respectivamente; además de representantes de las comunidades beneficiarias y equipos técnicos de las entidades participantes. Durante la jornada, el gobernador Jairo Aguilar destacó la importancia de avanzar en el aprovechamiento de la represa y señaló que este proceso debe traducirse en soluciones concretas para las comunidades. El mandatario también indicó que se proyecta inaugurar la obra en febrero, como parte de los avances para poner esta infraestructura al servicio de nuestra gente. La conexión constituye una etapa fundamental del proyecto. ESEPGUA tiene a su cargo las obras complementarias necesarias para conectar la conducción con la planta de tratamiento de Corral de Piedra, así como las intervenciones previstas para los sistemas de acueducto de los corregimientos de La Peña, La Junta y Curazao. La culminación de estas obras será determinante para avanzar hacia el suministro de agua potable a la población beneficiaria. La represa El Cercado representa, además, una oportunidad estratégica para el desarrollo integral de La Guajira. Su capacidad de almacenamiento de 198 millones de metros cúbicos de agua y la infraestructura de riego proyectada para 18.536 hectáreas ofrecen posibilidades para fortalecer la producción agropecuaria, dinamizar la economía rural y explorar alternativas de turismo de naturaleza, de acuerdo con la planificación territorial y la protección ambiental. La Gobernación de La Guajira, a través de ESEPGUA, continuará avanzando en las obras y en la articulación con las entidades participantes, con el propósito de que el potencial de la represa El Cercado se traduzca progresivamente en mayor disponibilidad de agua, bienestar para las familias y nuevas oportunidades de desarrollo para los guajiros.

  La Alcaldía de Valledupar, liderada por el alcalde Ernesto Orozco Durán, presentó este jueves 22 de octubre, un balance de los resultados obtenidos con el regreso de la Policía de Tránsito a la ciudad y realizó la entrega de vehículos, motocicletas y elementos de protección y control, contemplados en el convenio interadministrativo suscrito con la Policía Nacional. La decisión del mandatario, y que se cristalizó en noviembre de 2025, permitió recuperar el acompañamiento de uniformados especializados en tránsito y transporte, cuya presencia había sido interrumpida desde 2021 por la falta de un convenio vigente. Con su regreso, la ciudad cuenta nuevamente con el apoyo de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (Ditra) en las labores de regulación, prevención y vigilancia vial, en coordinación con los agentes municipales. Uno de los principales indicadores del convenio es la disminución del 10 % en los siniestros viales con víctimas fatales en el casco urbano de Valledupar, en comparación con el mismo período del año anterior, según el informe de ejecución presentado por las autoridades, de acuerdo a la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal. “Hoy cumplimos la tarea, después de un tiempo largo sin convenio demostramos que con recursos propios del municipio logramos poner en funcionamiento a la Policía Nacional con la Dirección de Tránsito, eso nos permitió una reducción en siniestros viales con víctimas fatales, además de organizar a Valledupar en materia de movilidad y seguridad vial”, declaró el alcalde Ernesto Orozco Durán. A este resultado se suman aproximadamente 144 operativos de alcoholemia, durante los cuales se registraron 164 tamizajes positivos y 164 inmovilizaciones de vehículos. Estas acciones permiten intervenir sobre una de las conductas que mayores riesgos representa para conductores, pasajeros y peatones: conducir bajo los efectos del alcohol. La presencia de la Policía Nacional también ha permitido reforzar la vigilancia en distintos sectores de la ciudad, realizar controles al cumplimiento de las normas de tránsito y apoyar las actividades de regulación vehicular, prevención y educación vial. Dotación para fortalecer la seguridad vial Durante la jornada, la Administración Municipal hizo entrega de los elementos establecidos en el convenio interadministrativo 026 de 2025, que cuenta con un valor de $1.600 millones. La dotación comprende dos camionetas tipo pick-up, una camioneta tipo panel y tres motocicletas de 300 centímetros cúbicos. Además, incluye 100 chalecos balísticos nivel tres, 15 cascos de motociclista con accesorios, 30 brazaletes, 45 prendas tipo polo y ocho kits para puestos de control uniformados. Estos elementos están destinados a fortalecer la capacidad logística y operativa de los uniformados, facilitar su desplazamiento y respaldar las labores de vigilancia y control en las vías del municipio. “Continuamos trabajando con la Policía de Tránsito” El convenio inició el 24 de noviembre de 2025 y fue prorrogado hasta el 7 de enero de 2027, con el propósito de mantener el acompañamiento de la Policía Nacional en materia de seguridad vial. De igual manera, el alcalde Ernesto Orozco Durán anunció la presentación de la carta de intención para establecer un nuevo convenio, que contempla la disponibilidad de 25 uniformados especializados durante 12 meses, con una inversión proyectada de $3.000 millones. “Al cumplirse cerca de un año de funcionamiento del convenio, ya solicitamos realizar un nuevo acuerdo, pero ahora duplicaremos las cifras para continuar trabajando con la Policía de Tránsito, como una de las pocas ciudades capitales del país en contar con este servicio”, agregó Orozco Durán. Con esta gestión, el Gobierno Municipal dará continuidad a los controles, ampliará la capacidad de respuesta de las autoridades y mantendrá la prevención como prioridad. El propósito es que conductores, motociclistas, ciclistas y peatones cuenten con vías más seguras, mayor presencia institucional y acciones permanentes para prevenir siniestros y proteger la vida.  

  Un juez envió a la cárcel a William Leonardo de la Cruz Valverde, señalado de almacenar 4.235 aletas de tiburón en un comercio de pescado y mariscos del barrio El Bajito, en Tumaco, Nariño. Según la Fiscalía General de la Nación, las aletas corresponden a cerca de 1.000 tiburones de especies protegidas como martillo, tigre, sedoso, zafiro, cobrizo y punta negra. El hallazgo se hizo durante un allanamiento de la Policía Nacional, con apoyo del Gaula Militar y Corponariño. El material estaba distribuido en 13 sacos con un peso superior a 176 kilogramos y, al parecer, iba a ser trasladado y comercializado en Ecuador. La Fiscalía indicó que la obtención ilegal implicó la muerte y descarte de los animales, generando grave afectación al ecosistema marino. De la Cruz Valverde fue imputado por aprovechamiento ilícito de recursos naturales y tráfico de fauna. No aceptó cargos.

  Con el propósito de garantizar la planeación y organización del servicio educativo en el municipio, la Secretaría de Educación Municipal expidió la resolución 000826, mediante la cual se establece el Calendario Académico 2027 para las instituciones educativas oficiales urbanas y rurales que prestan el servicio en los niveles de preescolar, básica, media y educación para adultos. De acuerdo con el cronograma definido, las actividades de desarrollo institucional iniciarán el 11 de enero de 2027 y el ingreso de los estudiantes a clases está previsto para el 25 de enero, hasta el 21 de junio, fecha en la que terminará el primer periodo escolar. El segundo periodo comenzará el 5 de julio y las labores académicas finalizarán el 6 de diciembre de 2027. El calendario contempla 40 semanas de trabajo académico distribuidas en dos periodos semestrales, además de 12 semanas de receso estudiantil, en cumplimiento de las disposiciones establecidas por el Ministerio de Educación Nacional. La secretaria de Educación Municipal, Samantha Zuleta Fernández, destacó: “La definición oportuna del calendario escolar facilita la planeación institucional, garantiza el cumplimiento de las semanas de clase y permite a las comunidades educativas prepararse para el desarrollo del año académico 2027”. La resolución también establece calendarios especiales para instituciones educativas ubicadas en zonas rurales cafeteras e indígenas, entre ellas las instituciones educativas Villa Germania, Virgen del Carmen, Agrícola La Mina, San Isidro Labrador, Promoción Social Guatapurí, Makumake, Kagabba Matsukumake y Kanzasinamke. Asimismo, se mantiene un calendario diferenciado para la Institución Educativa Indígena Gun-Aruwan del pueblo arhuaco. Atendiendo las particularidades culturales, productivas y territoriales de estas comunidades, las actividades académicas iniciarán el 4 de enero de 2027 y concluirán el 29 de noviembre del mismo año. Con la expedición de esta resolución, el gobierno del alcalde Ernesto Orozco Durán, avanza en la organización del año lectivo 2027, brindando a directivos docentes, maestros, estudiantes y familias una hoja de ruta que permitirá el desarrollo oportuno de las actividades académicas y el fortalecimiento de los procesos educativos en Valledupar. Cabe destacar que la Secretaría de Educación Municipal tiene abierto hasta el 31 de octubre el proceso de inscripción para alumnos nuevos que quieran ingresar al sistema educativo oficial, solo deben acercarse sus padres o acudientes al centro más cercano a sus casas, barrio o comuna.