Ruta del Sol III: Senador Didier Lobo lidera control político y logra mesa de alto nivel por irregularidades

 

El senador Didier Lobo Chinchilla lideró en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado un debate de control político que encendió las alertas sobre los impactos, abusos y omisiones en la ejecución del proyecto Ruta del Sol III, especialmente tras la firma del denominado Otrosí 17.

“El país exige respuestas claras. No podemos permitir que, bajo figuras legales, se
desmonten obras estratégicas y se afecte la confianza en la infraestructura nacional”,
advirtió Lobo, quien además señaló a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)
como principal responsable de garantizar la ejecución adecuada del contrato.

El senador de Cambio Radical alertó sobre afectaciones claves, entre ellas el riesgo de
dejar inconclusos tramos estratégicos, como la glorieta del anillo vial en Bosconia,
punto crítico de conexión entre Valledupar, el interior del país y la Región Caribe,
donde actualmente se registran graves problemas de movilidad.

Lobo Chinchilla manifestó su inconformidad frente a las respuestas de la Agencia
Nacional de Infraestructura (ANI) y de la concesionaria Yuma, señalando que sus
actuaciones han profundizado la crisis del proyecto. Afirmó que la ANI habría
modificado condiciones contractuales en favor del concesionario, permitido la
aplicación de la regla de los 540 días que pondría en riesgo la ejecución de obras clave
y autorizado la posible destinación de recursos de infraestructura al pago de
obligaciones legales, sin suficiente concertación con las autoridades locales.

Frente a Yuma, sostuvo que varias de las problemáticas tienen origen en fallas de
diseño y planeación, evidenciadas en situaciones de riesgo en Bosconia y afectaciones
económicas en El Copey, y cuestionó que la empresa atribuya los retrasos a las
protestas sociales, cuando estas surgieron precisamente por dichos errores. Además,
advirtió que las dificultades financieras de la concesionaria también han incidido en el
bajo avance del proyecto.

Asimismo, cuestionó que decisiones recientes podrían traducirse en la sustitución de
obras de doble calzada por intervenciones menores, mientras recursos inicialmente
destinados a infraestructura terminarían orientándose al pago de obligaciones legales
con el concesionario.
Como resultado del control político liderado por el senador Lobo, se acordó la
instalación de una mesa de trabajo con la ANI y el Ministerio de Transporte, con el
objetivo de revisar de fondo el estado del proyecto, atender las problemáticas
expuestas por los territorios y buscar soluciones que garanticen la ejecución de las
obras comprometidas.

“El llamado es claro: el Gobierno Nacional debe responder a las regiones. Aquí no se
trata de excusas, sino de soluciones reales para las comunidades que hoy se sienten
abandonadas”, agregó el congresista.

Exigieron respuestas

En el debate participaron autoridades territoriales como los alcaldes de Bosconia,
Jorge Patiño, y de Chiriguaná, Juan Carlos García; el secretario de Infraestructura del
Cesar, Jorge Maestre Jaraba; y el secretario de Planeación de Aracataca, Magdalena, Pablo
Segundo Peña.

El alcalde de Bosconia, Jorge Patiño, advirtió que la posible no continuidad de la
variante vial representa un grave retroceso para el municipio, no solo por el impacto
en la conectividad con Valledupar y el interior del país, sino también por los riesgos
que deja una obra inconclusa. Señaló que el proyecto, que registra un avance cercano
al 75 %, fue suspendido en medio de dificultades en la consulta previa, pese a existir
compromisos institucionales, y alertó que la intervención incompleta del terreno ha
generado condiciones de inestabilidad que ponen en peligro a comunidades como el
barrio Cañaguate, además de frenar el desarrollo urbano y económico de varios
sectores de Bosconia.

Durante la sesión, fueron citadas entidades del orden con competencia en el
proyecto, incluyendo Corpocesar; los ministerios de Transporte, Ambiente e Interior; así como la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA), el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), el Instituto Colombiano de
Antropología e Historia (ICANH), la Superintendencia de Transporte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y a Yuma Concesionaria S.A.,
encargada del proyecto Ruta del Sol III.

Obra inconclusa

El proyecto Ruta del Sol Sector III nació en 2010, cuando el entonces INCO (hoy ANI)
firmó el contrato de concesión con Yuma para construir y mejorar más de 900
kilómetros de vía estratégica entre el centro del país y la región Caribe. La obra
arrancó oficialmente en 2011 y entró en fase de construcción en 2012, pero
rápidamente enfrentó dificultades: en 2015 los principales socios del concesionario
entraron en liquidación y, para 2017, el escándalo de Odebrecht y la crisis financiera
del sector terminaron paralizando completamente el proyecto, dando paso a litigios internacionales contra el Estado. Aunque en 2020 se intentó reactivar con nuevos acuerdos y plazos, los problemas
sociales, ambientales y jurídicos se intensificaron, especialmente desde 2022 con
bloqueos, protestas y conflictos con comunidades en varios tramos, como el anillo vial de Bosconia. En 2025, el Gobierno y la concesionaria firmaron el Otrosí 17 para
destrabar la obra, reduciendo intervenciones y ajustando el contrato; sin embargo, en
2026 persisten los incumplimientos, los bloqueos y la incertidumbre, dejando tramos
inconclusos y evidenciando que, más de 15 años después de su inicio, la Ruta del Sol III
sigue sin una solución definitiva.