¿Reforma tributaria podría paralizar a Cerrejón y Drummond?
La Asociación Colombiana de Minería (ACM) expresó su profunda preocupación por la aprobación de la Ley de Financiamiento en el Congreso de la República, calificándola como un duro golpe a la viabilidad de la industria del carbón en el país. La nueva ley, según la ACM, no solo destruye la inversión y compromete la sostenibilidad del sector, sino que también pone en riesgo miles de empleos y recursos vitales para las comunidades.
El principal punto de conflicto radica en el incremento de la sobretasa, que junto a la tarifa de renta, elevaría el impuesto sobre la renta de la industria carbonífera al 55%. La ACM argumenta que esta medida es desproporcionada y sin precedentes a nivel global, donde el promedio de la tarifa de renta en los 10 principales países productores de carbón es del 26%. Esta alta carga impositiva, sumada a las regalías, cláusulas de precios altos y los elevados costos de producción post-pandemia, erosiona la rentabilidad de las inversiones en Colombia hasta niveles insostenibles.
La situación se agrava con la introducción de una sobretasa aplicable incluso en escenarios de precios bajos, convirtiéndola en una medida prácticamente permanente. La ACM critica que esta sobretasa se basa en indicadores de precios internacionales que no reflejan completamente las condiciones del mercado colombiano, afectando gravemente la competitividad del sector.
Juan Camilo Narino, presidente de la ACM, cuestionó la intención del Gobierno Nacional: «¿El Gobierno Nacional debe aclarar si su intención real es marchitar la industria del carbón, poniendo en peligro los aportes sociales, ambientales y económicos? De ser así, es necesario que se le hable con claridad a las empresas, los trabajadores y las comunidades y que se muestren los planes que tienen para sustituir estos ingresos en los territorios, pues ni en el corto ni en el mediano plazo existe una actividad que pueda reemplazar los recursos que genera el carbón».
La industria del carbón en Colombia genera más de 50.000 empleos directos y cerca de 250.000 indirectos, convirtiéndose en un motor clave para las finanzas públicas y el desarrollo regional. La ACM advierte que reducir la rentabilidad del sector a niveles mínimos o nulos compromete la continuidad de las operaciones y los importantes aportes en renta, regalías, empleo y desarrollo que genera para el país. La organización exige al gobierno una reconsideración de la ley y un diálogo abierto para encontrar soluciones que protejan la industria y las comunidades que dependen de ella.
