Gas Natural rechaza “presión indebida” de la Contraloría.
Versiones indican que los country managers de la empresa en Colombia y Perú fueron llamados de urgencia a Barcelona (España) tras la divulgación del informe oficial.
El accionista mayoritario de la intervenida Electricaribe, Gas Natural Fenosa (GNF), rechazó este martes el señalamiento de la Contraloría General de la República de que la firma distribuidora de energía usó $78.500 millones de pesos –correspondientes a subsidios para los más pobres- para disminuir sus pérdidas.
En una nota informativa, la empresa española calificó al accionar del organismo de control como un “evidente intento de presión indebida” y manifestó que Electricaribe ha venido aplicando el subsidio del Fondo de Energía Social (Foes) “de acuerdo con la ley y conforme a la asignación del Ministerio de Minas y Energía”.
“Ello sucedió no sólo bajo la administración removida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sino incluso a la fecha y bajo la administración del Agente Especial”, añade el comunicado
Cuestiona GNF que “es revelador que sólo ahora—después de la intervención de Electricaribe y la notificación de la controversia internacional promovida por el accionista mayoritario contra el Estado Colombiano—se cuestione la aplicación del FOES con acusaciones de “desfalco”, cuando las autoridades nunca aplicaron sanciones a Electricaribe por estos conceptos”.
GNF insiste en que el organismo de control fiscal “no puede desconocer que los recursos del Foes se aplicaron rigurosamente” a las facturas de sus destinatarios, usuarios residenciales de los estratos 1 y 2 de las Zonas Especiales, es decir, barrios subnormales, zonas de difícil gestión y áreas rurales de menor desarrollo.
Declara, además, que dichos recursos “en ningún caso” fueron destinados “a sufragar pérdidas económicas de una compañía que nunca distribuyó dividendos a sus accionistas”.
Llamado de urgencia
Versiones conocidas por EL HERALDO señalan que dos altos directivos de Gas Natural Fenosa de este lado del Atlántico fueron llamados de urgencia a Barcelona, sede principal de la multinacional, una vez salió a la luz el informe de la Contraloría dado en primicia por este diario.
Se trata de María Eugenia Coronado, country manager en Colombia, y de José García Sanleandro, actual country manager en Perú y antiguo gerente de Electricaribe y encargado máximo del negocio de electricidad en el territorio nacional.
En juego se mantiene una demanda presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), que depende del Banco Mundial, por GNF contra el Estado colombiano y que asciende a 1.000 millones de euros
