Comunicado a la opinión pública
A la fecha en el RUV están incluidas 8’695.848 personas. Entendiendo la extensión de este proceso, la Unidad para las Víctimas, en participación armónica con otras entidades del Gobierno Nacional, han generado filtros de seguridad con el propósito de mitigar la ocurrencia de posibles hechos ilícitos.
La Unidad para las Víctimas se permite aclarar algunas versiones aparecidas en medios de comunicación sobre el supuesto pago de indemnizaciones a terceros de manera indebida, la devolución de bienes y la falta de administración en algunos de ellos.
En el proceso de indemnizaciones, ha evidenciado algunos casos de suplantadores y redes de tramitadores, ante lo cual ha procedido a elevar las denuncias penales ante las autoridades competentes y ha desarrollado campañas pedagógicas con el propósito de mitigar la ocurrencia de tales hechos delictivos.
A la fecha en el Registro Único de Víctimas (RUV) están incluidas 8’695.848 personas. Entendiendo la extensión de este proceso, la Unidad, junto otras entidades del Gobierno Nacional, han generado filtros de seguridad para mitigar la ocurrencia de posibles hechos ilícitos.
Con respecto a la información sobre el manejo de los bienes, la Unidad para las Víctimas señala que el Fondo para la Reparación a las Víctimas está integrado, entre otros, por bienes o recursos que entregan las personas o grupos armados organizados al margen de la ley.
Dentro de los procesos de Justicia y Paz, la Fiscalía General de la Nación ha entregado al Fondo bienes provenientes de las denuncias o entregas realizadas por los postulados o por persecución adelantada por la Fiscalía. La posterior orden de restituir bienes que cuentan con medida cautelar obedece a una decisión emanada de los jueces especializados en restitución de tierras, por lo cual el Fondo está obligado a cumplir dicha orden, dado que la medida de restitución es prevalente. Es decir que sí se han devuelto bienes en estricto cumplimiento de estos fallos de restitución.
En un informe reciente, del que hacen eco los medios de comunicación, la Contraloría General de la República señala que el 57% de los bienes del Fondo están sin administrar. Al respecto, la Unidad señala lo que en su momento indicó a la Contraloría: que, del total de 1.027 bienes administrados por el Fondo, aproximadamente el 30% presentan dificultades de administración por motivos de orden público, por estar en territorios de muy difícil acceso o donde se llevan a cabo labores de minería ilegal, o por contar con ocupaciones no autorizadas, para
lo cual la Unidad ha emprendido las acciones judiciales pertinentes. Existe, además, otro porcentaje de bienes cuya administración resulta difícil, en razón a que su procedencia aleja la posibilidad de algunos para tomarlos en arriendo porque provienen de personas o grupos armados ilegales.
En cuanto a los proyectos productivos de palma de aceite, teca y caucho, la mayoría de estos fueron recibidos para la administración en etapas iniciales, lo cual implica inversión de recursos del Fondo para mantener las condiciones fitosanitarias y garantizar la productividad al plazo de dichos cultivos, que puede ser hasta de 20 años.
La Unidad reafirma su compromiso con las víctimas y su proceso de reparación consagrado en la Ley 1448 de 2011.
