La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se alista para dictar su primera sentencia desde su creación hace siete años, en el marco del caso 03 sobre ejecuciones extrajudiciales, conocido como ‘falsos positivos’. La última audiencia de verificación concluyó este jueves en Valledupar, donde doce exintegrantes del Ejército admitieron su responsabilidad en la muerte de 135 civiles inocentes, presentados falsamente como guerrilleros abatidos en combate por el Batallón La Popa.
Durante la diligencia, realizada en el mismo territorio donde ocurrieron buena parte de los crímenes, los exmilitares reconocieron su participación y reiteraron su compromiso con las sanciones restaurativas impuestas por la JEP, que contemplan entre cinco y ocho años de trabajo en proyectos sociales y de memoria, sin pena de cárcel. El teniente coronel (r) Ever Hernán Gómez Naranjo calificó el proceso como “difícil, pero liberador”, mientras que las víctimas expresaron su dolor y exigieron celeridad en la búsqueda de justicia.
La audiencia estuvo marcada por emotivas intervenciones de familiares de las víctimas, como Laura Vanessa Piña, quien con firmeza les mostró una prenda de su padre asesinado, o Karen Castro Aguirre, que tras más de 20 años aún busca los restos de su hermano. La magistrada Ana Manuela Ochoa hizo llamados constantes a los comparecientes para evitar discursos justificatorios y centrarse en el reconocimiento de responsabilidades.
La JEP evalúa actualmente nueve proyectos restaurativos propuestos por víctimas y exmilitares, entre ellos parques de memoria y centros comunitarios. El coronel (r) Publio Hernán Mejía, excomandante del Batallón La Popa, no aceptó cargos y podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión ordinaria. La sentencia se conocerá en un plazo máximo de 30 días hábiles y marcará un hito en el avance de los 11 macrocasos abiertos por esta jurisdicción, el siguiente de ellos relacionado con secuestros cometidos por las Farc-EP.