En el ojo del huracán
Por José Luis Blanco
Escuchar hablar del SOFT LAW o derecho blando como un atributo del Sistema que garantiza el goce efectivo de los derechos humanos en el mundo, parece muchas veces ser asertivo en cuanto a la escasa efectividad de algunas decisiones judiciales las cuales carecen de coerción tanto en el Sistema Europeo como el Americano.
La aplicación de convenios y tratados internacionales en países que atraviesan por conflictos armados dificulta garantizar los bienes jurídicos que pretender blindar, ya que poseen débiles sistemas institucionales; es por ello que El derecho internacional humanitario el cual busca la protección de la población civil, limitar el uso de la fuerza, es aplicado en Colombia a través de las leyes aprobadas por el Congreso, No obstante resulta complejo articular la jurisdicción ordinaria y la especial en materia de garantizar el derecho de las víctimas de una confrontación armada y al mismo tiempo luchar contra la impunidad.
La Corte Penal Internacional un órgano judicial del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos hace más o menos 13 años tiene en la mira a nuestro país por los crímenes cometidos no sólo por grupos alzados en armas; sino también los cometidos por el Estado, siendo las ejecuciones extrajudiciales y la Jurisdicción Especial de Paz los casos más sonados por este órgano de responsabilidad penal Internacional.
La competencia de la Corte se activa cuando una persona sin importar qué entidad u organización represente comete delitos graves de lesa humanidad, genocidio, y de guerra. Para los grupos que se alzan en armas contra un sistema de Gobierno deben cumplir con estándares mínimos para ser tratados como tal para efectos de aplicar principios de oportunidad, a saber deben contar con un mando unificado y organizado, mantener un nivel de hostilidad medianamente destructible y tener control sobre un territorio, así las cosas Con la visita de la CPI a Colombia se reafirma una vez más la lucha contra la impunidad y estamos a espera de que algunos de los más de 1000 casos de falsos positivos identificados al igual que otros hechos violentos puedan ser admitidos ante la jurisdicción de esta Corte.
