La Unidad para las Víctimas mantiene su compromiso en la transversalización del enfoque de género en la Política Pública de Víctimas

Los ajustes administrativos no representan un cambio en la responsabilidad y las funciones que la Ley de Víctimas asigna a la Unidad en relación con el cumplimiento y desarrollo del enfoque de Género.

De acuerdo con la Ley 1448 de 2011, la atención a las víctimas en Colombia se hace con base en un enfoque diferencial que reconoce la existencia de poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y situaciones de discapacidad que requieren un tratamiento especial.

Cumpliendo con esta disposición, la Unidad para las Víctimas ha contado desde su creación con grupos de trabajo que contribuyen a que todas las actividades de la entidad se orienten a dar un tratamiento equitativo a las personas y se realicen teniendo en cuenta estas particularidades.

La Unidad para las Víctimas continua con su labor diaria de incorporar el enfoque de género y derechos humanos de las mujeres y no es cierto que el grupo de Género se haya acabado. Las decisiones administrativas se toman con el propósito de consolidar un equipo asesor, mejorar y fortalecer los procesos, buscando un mayor impacto que se traduzca en una mejor atención y reparación a las víctimas.

La Unidad para las Víctimas tiene como sus grandes desafíos el reconocimiento de los derechos de las mujeres en la atención y reparación integral de las víctimas y continúa desarrollando sus líneas estratégicas para promover, entre otras, su recuperación emocional, el retorno a sus tierras, en el caso en que hay lugar a ello, la reconstrucción del tejido social, continuar con el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres, así como garantizar la participación de las mujeres en los espacios que se promueven en el marco de la política de víctimas en articulación con el plan marco de implementación del Acuerdo de Paz.

Entre los grandes desafíos de la Unidad de Víctimas para atender a los impactos diferenciales que han enfrentado las mujeres en el marco del conflicto armado se encuentra el de continuar con el fortalecimiento de la política pública de mujeres víctimas, en tanto respuesta de Gobierno a los pronunciamientos de la Corte Constitucional en relación a la situación de las mujeres; política que se consolidó a través de aprobación del CONPES 3784 de 2013, con un seguimiento liderado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en articulación con la Consejería Para la Equidad de la Mujeres-CPEM y la Unidad para las Víctimas, proceso que ya cuenta con una evaluación participativa en donde se destacan avances en los ajustes a los procesos de atención y reparación; visibilidad de la violencia sexual, fortalecimiento de liderazgos y paridad en los espacios de representación de víctimas.

Otro reto fundamental es avanzar en la reparación integral de todas las mujeres víctimas incluidas en el Registro Único como víctimas de violencia sexual. Actualmente, han participado de la estrategia 2.132 mujeres y 7.431 han sido indemnizadas con un presupuesto asignado de más de 143 mil millones de pesos.