Algo ha cambiado en Colombia”: Pastora Mira, víctima del conflicto armado

“Con la Ley de Víctimas nuestra voz ha empezado a ser escuchada”, señaló la mujer durante la jornada de cierre de la comisión de seguimiento a la Ley de Víctimas en el Congreso.

“En Colombia algo ha cambiado: la voz de las víctimas ha empezado a ser escuchada”, señaló Pastora Mira, coordinadora del Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación de San Carlos (Antioquia), durante la jornada de cierre de la comisión de seguimiento de la implementación de la Ley de Víctimas, que se llevó a cabo en el Auditorio Luis Guillermo Vélez del Congreso de la República.

La mujer, cuya historia trascendió a la prensa internacional tras su intervención ante el Papa en su reciente visita a Colombia, señaló que la Ley de Víctimas, promulgada en 2011, es el instrumento más adecuado para pagar la deuda profunda con la Colombia rural y reconoció las bondades de la reparación colectiva para emprender el camino de la reconciliación.

“La guerra nos dejó fragmentados, pero estamos reconstruyendo de nuevo nuestro tejido social”, señaló Mira, quien perdió a su padre, su primer esposo y dos hijos en el conflicto que afrontó el municipio de San Carlos.

Junto a ella estuvieron otros representantes de las víctimas que se refirieron a los procesos de participación, perdón y recuperación de memoria que han tenido lugar en el país. Al respecto, Soraya Bayuelo, líder de víctimas en los Montes de María, indicó que “la memoria es un proceso que debe hacerse desde los territorios con la voz de los sobrevivientes” para que tenga el efecto reparador que también ofrece el esclarecimiento de la verdad.

En ese mismo sentido también se expresó Odorico Guerra, representante de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas, quien indicó que, aunque puede mejorar, “la participación de las víctimas ha sido real”. Y justamente ese aspecto fue uno de los que mencionó Yolanda Pinto, directora de la Unidad para las Víctimas, como uno de los retos del próximo gobierno frente a la implementación de la Ley de Víctimas y de los acuerdos de paz.

La directora señaló además la necesidad de ampliar la vigencia de la Ley -planteada en principio hasta 2021-, de fortalecer las acciones conjuntas entre las entidades que pertenecen al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas (Snariv), y de lograr la articulación con la Justicia Especial para la Paz, la Unidad de búsqueda de personas desaparecidas, y la Comisión de la Verdad, entidades creadas en los Acuerdos de Paz.

“La Ley ha sido una herramienta para dignificar a las víctimas, visibilizar su experiencia y contribuir en su reparación”, dijo Yolanda Pinto, quien aprovechó para mencionar que el 17% de la población colombiana es víctima del conflicto armado y que a la fecha la Unidad ha prestado atención a más de tres millones de víctimas y ha ofrecido asistencia humanitaria a más de 4 millones.

Para continuar con esa misión, tanto el Ministro del Interior, Guillermo Rivera, como el Senador Juan Manuel Galán, presidente de la comisión de seguimiento en el Senado, coincidieron en señalar la necesidad de trabajar en conjunto entre las entidades nacionales y territoriales, y contar con la participación activa tanto de las víctimas como de los líderes locales para mantener el foco en la reparación y atención integral a las víctimas.

Galán resaltó también el reto en materia de presupuesto que exige el cumplimiento de la Ley, un asunto que destacó también la directora de la Unidad, al señalar que si bien la inversión de parte del Gobierno ha sido significativa, “es necesario redoblar los esfuerzos financieros para implementar todas las medidas”.

Como balance del trabajo que ha realizado la Unidad para las Víctimas, en conjunto con las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), el Ministro del Interior destacó que “las víctimas están hoy en el centro de una política pública que llegó para quedarse”.