URT Cesar – La Guajira inicia mayo con demandas por más de 400 hectáreas a favor de familias en Pelaya y La Jagua de Ibirico
Entre ellas se cuentan las 365 hectáreas reclamadas de la parcelación Mechoacán, donde se configuró uno de los episodios más violentos de despojo, abandono forzado y desplazamiento en el Cesar._
La Unidad de Restitución de Tierras (URT), a través de su Dirección Territorial Cesar – La Guajira, interpuso cuatro demandas que buscan beneficiar a más de 20 familias cesarenses del centro del departamento. Se trata de campesinos víctimas del conflicto armado interno, quienes con base en la Ley 1448 de 2011, reclaman el restablecimiento de derechos sobre el hogar que, aseguran, les pertenece.
De dichos procesos, interpuestos ante el Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar, destaca uno que involucra a diez grupos familiares víctimas de las Auc. En el pasado el paramilitarismo les forzó a abandonar 365 hectáreas de la parcelación Mechoacán, ubicada en la vereda Las Palmitas, en zona rural de La Jagua de Ibirico. Se trata de una región en la que se perpetró uno de los desplazamientos más violentos y masivos en la historia del Caribe colombiano.
Tras 29 años de este hecho, la justicia transicional ahora considera el proceso llevado por la URT, que pretende la reparación material y restitución del derecho a la tierra de los reclamantes. Ellos nunca abandonaron la vocación campesina que los caracteriza, a pesar de haber sido obligados a abandonar sus terruños. Mechoacán, un predio que supera las 4.000 hectáreas, desde inicios de los 90 fue epicentro de acciones armadas por parte de los paramilitares, configurando despojo en beneficio de intereses de extracción minera.
Más al sur del Cesar, en zona rural de Pelaya, también se dieron situaciones violentas que, 30 años después, son motivo de gestión de la URT. La entidad asumió la defensa de los derechos de tres grupos familiares que fueron forzados a abandonar la tierra por asesinatos selectivos, intimidación y extorsiones de las autodefensas, en un tiempo en el que el conflicto se agudizó en la región.
Tras surtir el procedimiento en etapa administrativa, las familias reclamantes confían en que la justicia les restituya 34 hectáreas del predio ‘La Esmeralda’, ubicado en la vereda Seis de Mayo, además de diez hectáreas del predio ‘Pancoger’ y ocho hectáreas de la finca ‘Las Negritas’, nombres dados por las víctimas a las tierras donde aspiran volver.
