Trabajadores de Hacienda La Gloria temen desempleo masivo por efectos de fallo judicial
La aplicación de la Sentencia de Unificación SU-235 de 2016 de la Corte Constitucional, relacionada con la antigua Hacienda Bellacruz, actualmente Hacienda La Gloria, mantiene en vilo a cientos de familias del sur del Cesar que dependen económicamente de la actividad agroindustrial desarrollada en esta zona del departamento.
La preocupación se centra en el posible impacto laboral que generaría el cumplimiento de la decisión judicial, debido a que más de mil trabajadores podrían quedar cesantes, afectando no solo a empleados directos, sino también a sectores económicos que dependen de la dinámica productiva de la empresa.
El concejal del municipio de La Gloria, Donaldo Vilardy, expresó su inquietud frente al panorama que enfrentan las comunidades y pidió al Gobierno Nacional y a la Corte Constitucional analizar cuidadosamente las consecuencias sociales de la medida.
“No queremos una catástrofe laboral en la región. Son más de mil personas que reciben su sustento en la Hacienda La Gloria, familias afectadas que tienen a sus hijos estudiando por fuera, lo que genera una gran preocupación en la comunidad y en los líderes, por los efectos laborales que se generarían”, afirmó.
Las alertas también fueron elevadas por Mario Alberto Bustamante, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Simaña, quien aseguró que la sentencia tendría repercusiones sobre toda la economía regional, teniendo en cuenta que la agroindustria ha sido durante años uno de los principales motores de empleo y desarrollo en esta zona del Cesar.
A esta preocupación se sumó el líder social Gregorio Riaño, quien sostuvo que, aunque existe respaldo hacia los derechos de los campesinos reclamantes, también debe analizarse el impacto que tendría la medida sobre las familias que durante años han dependido de la actividad palmera.
“No estamos en contra de la sentencia, es necesario apoyar a los campesinos, pero para amparar a 10 o 15 familias van a perjudicar a más de mil que por años han laborado en la Hacienda La Gloria y que hoy tienen compromisos como créditos, deudas y préstamos que los pueden dejar en la calle”, manifestó.
Según Riaño, las consecuencias económicas alcanzarían diferentes municipios y corregimientos del sur del Cesar, entre ellos Simaña, La Mata, La Gloria, Pelaya, San Bernardo, Costilla, Tamalameque y Aguachica, donde numerosas familias dependen de los ingresos generados por la actividad agroindustrial.
La incertidumbre también golpea directamente a trabajadores como Leidys Johana Pedrozo, madre cabeza de hogar y empleada del grupo agroindustrial, quien aseguró que la posible pérdida de su empleo representa una amenaza para el bienestar de su familia.
“Tenemos hijos en la universidad y el bachillerato, con algunos compromisos adquiridos, pero ahora quedaremos sin trabajo con una edad que nos impedirá conseguir otras oportunidades”, expresó.
La mujer señaló que detrás de la sentencia existen historias humanas marcadas por años de trabajo y sacrificio, y que hoy cientos de personas enfrentan el temor de quedarse sin sustento en una región donde las oportunidades laborales son limitadas.
Mientras avanza el cumplimiento del fallo judicial, líderes sociales y comunidades continúan insistiendo en la necesidad de encontrar alternativas que permitan proteger los derechos de los reclamantes sin provocar una crisis económica y social en el sur del Cesar.
