El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar admitió esta solicitud presentada por la URT, que busca restablecer los derechos de 134 familias sobre 109 hectáreas.
Las afectaciones territoriales que han impactado a la comunidad indígena Mayales Quemao, perteneciente al pueblo Wayúu y asentada en zona rural de Riohacha, llevaron a la Unidad de Restitución de Tierras (URT), a través de su Dirección Territorial Cesar–La Guajira, a presentar una demanda que fue admitida por la justicia.
Durante años, esta comunidad ha enfrentado un contexto de violencia por causa de grupos armados ilegales en su territorio, marcado por restricciones a la movilidad, confinamiento y afectaciones directas a su vida comunitaria. La ocupación de los caminos tradicionales por estos actores, las amenazas y el control social ejercido en la zona alteraron la vida de sus habitantes. Esto impactó el acceso de la niñez y la juventud a la educación, así como el normal desarrollo de actividades productivas propias como el pastoreo y el comercio.
La comunidad de Mayales Quemao está conformada por 134 familias, que agrupan a 439 personas, quienes han habitado históricamente un territorio de 109 hectáreas, ubicado en cercanías del corregimiento de Camarones, sobre la Troncal del Caribe. Este es el eje de su vida espiritual, cultural y económica, donde se desarrollan sus prácticas tradicionales, la organización social y su relación con la naturaleza.
De acuerdo con las pretensiones de la demanda presentada por la Unidad, se busca la restitución de este territorio colectivo, al igual que su formalización como resguardo indígena y la implementación de medidas orientadas a garantizar los derechos territoriales con enfoque diferencial étnico. Entre estas se contemplan acciones para la protección de la zona, el fortalecimiento del gobierno propio de Mayales Quemao y de su tejido social, cultural y espiritual.
Sergio Murillo Clavijo, director territorial de la URT Cesar–La Guajira, destacó que esta decisión judicial representa un paso importante en la garantía de sus derechos: _“el trabajo realizado permitió evidenciar las afectaciones que ha sufrido esta comunidad Wayúu y avanzar en la construcción de medidas que garanticen la protección del territorio y la pervivencia de su cultura”._
Además, Murillo recalcó que este proceso refleja el compromiso institucional de la URT con la reparación integral de los pueblos étnicos, a través de acciones que buscan el fortalecimiento de su autonomía, sus prácticas ancestrales y sus formas de organización comunitaria.
*Un paso hacia la protección del territorio*
Con la admisión de la demanda, el juzgado ordenó una serie de medidas orientadas a proteger Mayales Quemao mientras avanza el proceso judicial. Entre ellas, la inscripción de la solicitud en el folio de matrícula inmobiliaria, la prohibición de transferir o enajenar el bien y la suspensión de procesos judiciales o administrativos que puedan afectar el territorio.
Asimismo, se dispuso la vinculación de diferentes entidades del Estado, como la Agencia Nacional de Tierras, la Fiscalía, la Unidad para las Víctimas y organismos de derechos humanos, con el fin de aportar información sobre el contexto de violencia que ha afectado a la comunidad desde el año 2000, así como las condiciones actuales del territorio y sus habitantes.
La demanda fue presentada tras el proceso administrativo adelantado por la URT, que incluyó la caracterización de afectaciones territoriales, la inscripción del territorio en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF) y la articulación directa con las familias para su representación judicial.
Actualmente, la Dirección Territorial Cesar–La Guajira continúa avanzando en la gestión de procesos de restitución étnica en la región, reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y con la construcción de una reparación integral que permita a estas comunidades reconstruir su vida en el territorio. ¡Con dignidad, estamos cumpliendo!