Los gobernadores del país, agremiados en la Federación Nacional de Departamentos, se comprometieron a aplicar el Decreto 1474 de 2025 expedido al amparo de la Emergencia Económica y Social el pasado 22 de diciembre.

Así se acordó al término de un encuentro en la sede del Ministerio de Hacienda y Crédito Público al que asistieron 17 mandatarios regionales para despejar dudas frente a los alcances de la norma con la que el Gobierno del presidente Gustavo Petro aspira recaudar cerca de $2,5 billones adicionales.

El decreto aumenta de 5% a 19% al consumo de licores y cigarrillos, tema que según los gobernadores afectan los ingresos en sus regiones.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que se trató de una “reunión cálida, se acaba la discordia, ellos (los gobernadores) van a aplicar el Decreto. Quedó claro que, si estos impuestos afectan a los territorios, la nación asume lo que haga falta para compensar a los departamentos”, aseguró.

Otra preocupación de los mandatarios regionales es que al aumentar el impuesto al consumo se dispara el contrabando y se reduce el consumo, pero el jefe de la cartera política sostuvo que “de ser así, nosotros, la nación, asumiríamos esa compensación, pero cálculos nos indican que eso no va a pasar”.

El ministro anunció que con la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) y la Polfa (Policía Fiscal y Aduanera), el Gobierno aumentará aún más la lucha contra el contrabando.

Tampoco, agregó Benedetti, las regiones perderán autonomía, como advierten los mandatarios, “porque hay una sentencia de la Corte Constitucional, la 414 de 2012, que dice que esos impuestos se pueden tocar en caso de que haya problemas macroeconómicos”.

Previo a la reunión, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que las gobernaciones no verán afectados sus ingresos por los nuevos impuestos porque “la metodología está estructurada para que a la nación llegue el ingreso adicional a la tarifa, es decir, que el 5% del IVA al consumo de tabaco y alcohol irá a los departamentos, y 14% a la nación”.

En su cuenta de la red social X, la cartera informó, al final de la reunión, que “los gobernadores reconocieron la buena voluntad del Gobierno, representado en los ministerios de Hacienda y del Interior, y la disposición de avanzar en una evaluación del efecto del recaudo en mesas técnicas”.

Agregó que “se propone control al contrabando, salvaguarda de la ley que reconoce que la erosión de la demanda recae en la nación, y la instrucción de la Corte Constitucional de igualar la Unidad de Pago por Capitación al Régimen Subsidiado”.

Tanto los gobernadores como el Gobierno nacional presentarán sus argumentos a la Corte Constitucional para que se pronuncie de fondo sobre la juridicidad de la Emergencia Económica y Social y, en particular, del Decreto 1474 de 2025.

En los próximos días se realizará una nueva mesa técnica para analizar el tema, en fecha aún por definir.