Representante a la Cámara del Cesar radicará proyecto de ley para regular las fotomultas en Colombia
El representante a la Cámara, Carlos Felipe Quintero Ovalle, anunció que radicará en los próximos días un proyecto de ley que busca regular el sistema de fotomultas en el país, ante los graves cuestionamientos sobre su efectividad en la reducción de accidentes y la inequidad económica en la distribución de los recursos.
“Nos dijeron que las fotomultas eran por seguridad, pero la realidad demuestra lo contrario”, expresó el congresista, quien advirtió que las cifras de siniestralidad vial siguen en aumento a pesar de la proliferación de cámaras en las principales ciudades.
Según datos revelados recientemente por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV), en 2024 la siniestralidad aumentó en Medellín (8%), Bogotá (4,5%) y Valledupar (5,19%), lo que evidencia que el sistema no está cumpliendo su objetivo principal de mejorar la seguridad vial. “No hay mejoras en la movilidad ni una reducción de los accidentes, solo más desconfianza ciudadana”, afirmó Quintero Ovalle.
El representante también denunció que los contratos de concesión favorecen desproporcionadamente a los operadores privados, quienes se quedan con el 70% o el 80% de los recursos, mientras los municipios apenas reciben el 20%, reduciendo su capacidad para invertir en infraestructura y programas de prevención vial.
En Bogotá, según la Secretaría de Movilidad, en enero de 2024 se impusieron más de 33.000 fotomultas. El recaudo superó los $22 mil millones en ese mes, mientras que en el 2023 el total por cámaras superó los $155 mil millones.
“Es urgente revisar las concesiones y poner la seguridad vial por encima del lucro. Las cifras son claras: más accidentes, más desconfianza y más ganancias para los privados. Urge reformar las fotomultas y garantizar que el ciudadano no siga siendo el más perjudicado”, puntualizó.
El proyecto que presentará Quintero Ovalle contempla mecanismos de transparencia, revisión de los contratos vigentes, control sobre los porcentajes que reciben los privados y la destinación obligatoria de los recursos a programas de educación y seguridad vial.
Con esta iniciativa, el representante busca restablecer la confianza ciudadana y asegurar que el sistema de control electrónico cumpla realmente con su propósito: salvar vidas, no generar ganancias.
