En 1997, los Lozano Chona dejaron su terruño por cuenta de los paramilitares, que asesinaron a varios campesinos. Hoy, la justicia le restituye a esta pareja de adultos mayores el hogar que construyeron._
En 1978, Juan Lozano Urquijo y Carmen María Chona llegaron desde El Carmen, Norte de Santander, hasta las sábanas de Curumaní, en el centro del Cesar. Atrás dejaron su tierra natal para aventurarse en la vereda La Conquista II, donde adquirieron una parcela de casi nueve hectáreas. La bautizaron ‘La Lucha’, porque cada metro levantado con sudor representaba el sacrificio de forjar una vida campesina.
Durante años, el trabajo en el predio giró alrededor de los cultivos de maíz, yuca, plátano, legumbres y principalmente la cría de ganado. El ordeño al amanecer y el olor a tierra recién sembrada marcaron la infancia de sus seis hijos, que crecieron bajo la disciplina labriega y la esperanza de un futuro próspero.
Pero esa tranquilidad se quebró el 10 de enero de 1997. Paramilitares del autodenominado Frente de Resistencia Motilona llegaron bajo las órdenes de Marco Antonio Flórez. Ese día asesinaron a cuatro campesinos de la zona y dejaron un mensaje claro de amenaza. Como muchas familias, los Lozano Chona abandonaron su predio, dejando atrás el proyecto de vida que sembraron.
La violencia del conflicto armado los llevó primero a la cabecera de Curumaní y después al municipio de Pailitas. Lejos del campo tuvieron que adaptarse a otros oficios para subsistir. Años más tarde, en 2003, cuando intentaron recuperar la tierra, el control paramilitar seguía vivo. Temerosos de perder a alguno de sus hijos, los padres vendieron de manera forzada ‘La Lucha’.
Pero dos décadas después, la esperanza volvió a florecer en la familia. Al conocer sobre la Unidad de Restitución de Tierras (URT), acudieron a la Dirección Territorial Cesar – La Guajira para reclamar lo que les fue arrebatado. En febrero de 2025, el Tribunal Superior de Cartagena les dio la razón: reconoció a los Lozano Chona como víctimas de la violencia, obligadas a desprenderse de su parcela por miedo a los grupos armados. La sentencia no solo ordenó devolverles el predio, sino garantizar un subsidio de vivienda y un proyecto productivo rural para su sustento, financiado con recursos de la entidad.
A la diligencia de entrega del predio, realizada con participación de la URT Cesar-La Guajira, asistió la familia. Tras décadas de resistencia, los padres lograron regresar a su tierra. En la actualidad, Juan Lozano, de 86 años, y Carmen Chona, de 80, no cuentan con la fuerza para trabajar la tierra. Sin embargo, sus hijos y nietos, que aún conservan la vocación campesina heredada de ellos, han decidido labrar ‘La Lucha’, una parcela que hace honor a su nombre.