La reforma a la salud sigue en el centro del debate político por su magnitud y costo. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó ante el Congreso las cifras oficiales de lo que representará poner en marcha esta transformación: en 2026 el gasto será de $112,6 billones, equivalentes al 6,3 % del PIB, y hacia 2036 se proyecta que alcanzará los $191,7 billones, el 7,2 % de la economía nacional. Estas proyecciones la convierten en una de las apuestas sociales más ambiciosas del Gobierno de Gustavo Petro.
El diseño financiero contempla tres grandes rubros: $105 billones en atención médica en todos los niveles, fortalecimiento de la red hospitalaria, prestaciones económicas y becas para el talento humano; $2 billones para el saneamiento de empresas estatales de salud; y $1,9 billones en gastos de gestión y supervisión. Los recursos provendrán principalmente del aporte de la Nación, el Sistema General de Participaciones en Salud y las cotizaciones de los afiliados, con incrementos anuales proyectados entre el 2,8 % y el 8,1 %.
Adicionalmente, la reforma contará con ingresos extra provenientes de los “impuestos saludables” a bebidas azucaradas y ultraprocesados, junto con un 0,5 % del IVA social, que se destinarán exclusivamente al sistema. El Gobierno ha reiterado que no se trata de nuevos tributos, sino de una redistribución de recursos ya existentes en el país.
En cuanto a los cambios estructurales, la reforma contempla la eliminación del modelo actual de EPS para dar paso a Gestoras de Salud y Vida con funciones limitadas, mientras que la ADRES asumirá el papel de pagador único. También se pondrá en marcha un Sistema Público Unificado de Información para garantizar transparencia en el uso de los recursos, y se dará prioridad a la prevención y la atención primaria a través de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS). El plan incluye además ampliar la cobertura en zonas rurales y apartadas, junto con un mayor reconocimiento y estímulos al talento humano en salud.