Falsos positivos y secuestros: ¿son suficientes las sanciones restaurativas de la JEP?

 

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avanza en la aplicación de sanciones propias para exintegrantes de las Farc y exmilitares que aceptaron responsabilidad en crímenes de lesa humanidad como secuestros y ejecuciones extrajudiciales. Estas medidas no contemplan cárcel, sino Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador-Reparador (TOAR) que se cumplirán entre cinco y ocho años, con restricciones parciales de residencia y movilidad. La decisión reabre un debate nacional: ¿son suficientes estas sanciones frente a delitos de tan alta gravedad?

Para garantizar la ejecución de los proyectos, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) manejará los recursos que el Estado destine, con un presupuesto inicial de $25.000 millones en 2025 y más de $260.000 millones proyectados hasta 2027. Los TOAR incluyen programas en zonas rurales y urbanas como reparación de infraestructura, acceso a agua potable, sustitución de cultivos ilícitos, alfabetización, protección ambiental y mejoramiento de servicios públicos.

Aunque estas sanciones buscan contribuir a la reparación de las comunidades afectadas y a la construcción de paz, persisten dudas entre víctimas y sectores de la sociedad. Para muchos, el aporte social que realicen los comparecientes difícilmente se equipara con el daño causado por secuestros y falsos positivos. La JEP ha advertido que, si se incumplen los compromisos, la sanción podrá convertirse en pena privativa de la libertad.