Nueve víctimas de ejecuciones extrajudiciales fueron sepultadas bajo la consigna de ser miembros de grupos al margen de la ley, hoy recuperaron su buen nombre.
A las familias de: Carlos Alberto Pumarejo Lopesierra, Ronald José Blanquicett Cano, Adalberto Vásquez Torres, Rafael Serrano Martínez, Jaider del Carmen Valderrama Ruidíaz, Nelson Enrique Romo Romero, Alfredo Antonio Fernández Polo, Evelio Vaca Pérez y Wilfredo Chantri Quiroz los une el mismo dolor: balas de militares adscritos al Batallón de Artillería Número 2 La Popa en Valledupar segaron sus vidas.
Fue hace más de 20 años, entre 2002-2005 cuando la tragedia tocó a sus puertas y de la forma más infame, a ellos les quitaron la vida bajo el argumento de hacer parte de la guerrilla u otro grupo delincuencial, práctica que décadas más tarde la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) bautizó con el nombre de ejecuciones extrajudiciales, más conocidos como falsos positivos en el marco del macrocaso 03 denominado: “Asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado- Subcaso Costa Caribe”.
Para la época de los hechos, en sus boletines de prensa que eran replicados por los medios de comunicación de Valledupar y el Cesar, el Batallón La Popa informaba que eran bajas en combates de personas que, por ellos fueron señalados como guerrilleros o miembros de grupos ilegales. Nada más lejos de la realidad, pues eran jóvenes trabajadores, padres, hijos y hermanos que luchaban cada día por brindarle una mejor calidad de vida a sus familias.
Carlos Alberto Pumarejo Lopesierra, por ejemplo, era un joven padre de una niña y junto a su pareja esperaban unas gemelas, quienes no lo pudieron conocer; se ganaba la vida manejando el taxi de su familia, fue asesinado el 22 de junio de 2002 dentro del Batallón La Popa. “Dejó un vacío en nosotros como familia que nunca más se pudo llenar”, recordó Armando, su padre.
Ronald José Blanquicett Cano estaba lleno de sueños, irradiaba alegría y muchas ganas de vivir, con una sonrisa que iluminaba cualquier lugar. Tenía apenas 21 años cuando su vida fue arrebatada en un falso positivo, una práctica cruel que ha dejado cicatrices profundas en muchas familias colombianas. «No quiero que la muerte de Ronald José sea en vano», había dicho su padre José Ramón, quien murió sin ver que se hiciera justicia.
Adalberto Vásquez Torres asesinado el 16 de marzo de 2005 en la vereda El Pekín, jurisdicción de El Copey, era un hombre dedicado a la albañilería, muy noble y trabajador, recordó su madre Rita Torres.
“Rafael Serrano Martínez no era un criminal, ni un enemigo del país. Era un ser humano, con sueños, familia y esperanzas. Su vida fue arrebatada por una política que premió la muerte y distorsionó la verdad. Su nombre quedó envuelto en mentiras durante años, mientras su familia luchaba incansablemente por limpiar su memoria y obtener justicia”, dijo su esposa Amalia Flórez, quien recordó cómo el Ejército lo asesinó el primero de febrero de 2003 en la vereda Tierra Alta, corregimiento San José de Oriente, jurisdicción de L Paz, Cesar.
Jaider Valderrama Ruidíaz tenía 22 años cuando fue asesinado en la finca El Mamón, corregimiento de La Mesa, jurisdicción de Valledupar el 22 de marzo de 2003. Era un joven publicista y peluquero, trabajador y amiguero, quien tenía una hija y ayudaba a su mamá Carmen con la crianza de su hermana Merelyn, pero su partida dejó todo en la desolación. “Con su muerte acabaron con toda una familia y mancharon su nombre de la manera más baja y ruin”, aseguró su mamá.
Nelson Enrique Romo Romero y Alfredo Antonio Fernández Polo, dos amigos que compartían su gusto por la pesca y la caza, ambos murieron a manos del Estado el 25 de mayo de 2003 en el corregimiento de Los Brasiles, jurisdicción de San Diego. Eran hombres de trabajo, acostumbrados a ayudar a sus familias, a resolver cuando no había para el mercado. Nelson era muy colaborador en su casa, con sus hermanos y su mamá.
La familia de Alfredo Fernández Polo recuerda su sonrisa, su buen humor y el gusto por hacer bromas, un hombre colaborador sobre todo con las personas mayores, a quien le gustaba compartir con amigos y familiares, recodó una de sus hermanas.
Evelio Vaca Pérez, era un campesino quien no pudo estudiar, era callado y muy trabajador, siempre tuvo una mirada triste, le tocó madurar desde muy pequeño sin sus padres, con su hermana mayor y con nuestra familia, afirmó Nerys, su prima. Dedicado al campo por tradición y vocación, fue muy amable pero tímido, muy reservado, poco expresivo, siempre pasó desapercibido, tanto que cuando ocurrió el crimen en su contra el corregidor no lo conocía. Los militares le quitaron la vida el 31 de julio de 2003 en el corregimiento El Desastre, jurisdicción de San Diego. “Era muy noble y no la persona que quisieron hacer ver”.
Otra de las víctimas que dejó dolor en una familia fue Wilfredo Chantri Quiroz, un hombre con discapacidad, quien ayudaba a su mamá con su trabajo como reciclador en el municipio de Codazzi. El Ejército lo sacó la madrugada del 21 de octubre de 2003 de su casa y lo asesinó en el corregimiento de Llerasca. Con sus sonrisas y alegría era quien en cada Navidad convocaba a su familia para celebrar las fiestas.
La JEP logró esclarecer el patrón criminal utilizado por los militares: “presentar como resultados operacionales a personas asesinadas fuera de combate motivados por señalamiento a las víctimas de pertenecer a la guerrilla o grupos al margen de la ley”.
El señalamiento y el mancillamiento de los nombres de sus hijos, padres y hermanos ha sido la carga más pesada de llevar por estas familias todos estos años, por ello, en el marco del proceso restaurativo que adelantó la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) en articulación con la JEP denominado: ‘Diálogos que restauran: conocer y reconocer para no repetir”, las víctimas le pidieron a los comparecientes que dignificaran el buen nombre de sus familiares.
Así fue como el 08 de julio de 2025, quince comparecientes de la Fuerza Pública ante la JEP vinculados al macro caso 03 del Batallón La Popa, participaron en un acto restaurativo en la biblioteca departamental Rafael Carrillo Lúquez, para limpiar el buen nombre de las víctimas, reconociendo que no eran guerrilleros, que no eran miembros de grupos ilegales. En acto restaurativo marca un hito en la historia de Valledupar y el Cesar en el marco de la justicia transicional restaurativa.
Que los comparecientes ante la JEP, miembros retirados de la Fuerza Pública, responsables en distintos grados de los hechos de violencia reconozcan su participación, comprometiéndose a no repetir los daños, es un gesto para devolver la humanidad a quienes fueron sepultados con las mentiras que se creyeron instituciones, medios de comunicación, juzgados y fiscalías. Honrar el buen nombre de cada una de estas víctimas es dignificar su memoria, es vencer la estigmatización y aportar a la reparación y restauración de sus familias y de la comunidad cesarense.