Judicializan a los presuntos responsables de los hechos violentos que dejaron una funcionaria de la registraduría muerta en Gamarra
Estarían involucrados en la planeación y ejecución del incendio a la sede de la registraduría municipal.
Dos de los pro cesados habrían trasladado una pimpina de gasolina oculta en un coche de bebé hasta el punto donde se generó la conflagración.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cinco de los presuntos responsables de los hechos de violencia ocurridos el pasado 28 de octubre en Gamarra (Cesar), en los que murió una funcionaria de la Registraduría Nacional del Estado Civil y otras seis persona s quedaron heridas, dos de ellas permanecen con diagnóstico reservado
Se trata de Isalas Peña Oliveros, Yuberlis Bermúdez Rubiano, William Castro Torrado y Wilfrido Campos, a quienes una fiscal de la delegada para la Seguridad Territorial les imputó los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa e incendio. El otro investigado es Julio Rojas Marin, imputado por el delito de violencia contra servidor público.
Los procesados no aceptaron los cargos y, en atención al contundente material de prueba aportado por la Fiscalía, una juez de control de garantías les impuso medidas de aseguramiento privativas de la libertad, para Rojas Marin en su lugar de residencia y para los demás en establecimiento carcelario
Roles delictivos
La investigación da cuenta de que la mañana del pasado 28 de octubre, un grupo de personas se congregó en una estación de servicio de Gamarra y marchó por una decisión que consideraba contraria a sus intereses políticos.
Registros fílmicos y otras evidencias obtenidas por el CTI de la Fiscalía indican que una multitud aprovechó la movilización para ingres ar violentamente a la sede de la autoridad electoral, en medio de la resistencia de policías y otros funcionarios. El entonces candidato al Concejo de Gamarra, Julio Rojas Marin, al parecer, participó en la arremetida, golpeó a la registradora municipal con pullo y patadas, y destrozó papeles, computadores y otros.
De otro lado, está acreditado que los demás procesados estarían involucrados en la planeación y ejecución del incendio al inmueble de la registraduría, con el propósito de quemar el material
electoral. En ese sentido, Isaias Peña Oliveros y su esposa, Yuberlis Bermúdez Rubiano, habrian ocultado,
y trasladado una pimpina de gasolina en un coche de bebé. Por su parte, William Castro Torrado y Wilfrido Campos son señalados de recibir el combustible y ayudar a la persona que
lo roseo e inició el fuego, que terminó por ocasionarle la muerte a una servidora, generar graves heridas a otros funcionarios e incinerar la sede de la entidad.
Las labores de policía judicial continúan para hacer efectiva una sexta orden de captura relacionada con estos hechos.
