Un juez de ejecución de penas de Barranquilla revocó la orden que le otorgó detención domiciliaria a la condenada empresaria del chance, Enilce López, más conocida como ‘La Gata’.
La decisión se tomó tras resolver una petición presentada por la Procuraduría General que consideraba que no se cumplían los requisitos exigidos para darle este beneficio.
El viceprocurador General, Juan Carlos Cortés explicó que el juez de ejecución de penas ordenó el traslado de la empresaria a un centro carcelario».
«Que la condena se cumpla en establecimiento intramural, con unos condicionamientos a la celda», precisó el Viceprocurador General.
En el recurso presentado el pasado 1 de febrero, la Procuraduría General argumento que la vivienda a la que fue trasladada ‘La Gata’ se encontraba embargado dentro de un proceso de extinción de dominio adelantado por la Fiscalía.
En la petición formal, el órgano de control disciplinario considera que la empresaria y su defensa faltaron a la verdad cuando no le informaron al despacho judicial las medidas que existían en contra del citado bien inmueble, hecho por el cual debe perder todos los beneficios judiciales.
En la petición, firmada por la delegada para asuntos penales, se indica que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) ya solicitó modificar la medida, ante la imposibilidad de administrar un inmueble si se le permite a un afectado en un proceso de extinción de dominio permanecer en el lugar que ha sido objeto de una medida cautelar. Igualmente, se le pidió a la entidad utilizar su facultad de policía administrativa y recuperar la tenencia material de ese bien.
Para el Ministerio Público el hecho de que Enilse López se encuentre en ese inmueble cumpliendo con una medida de detención domiciliaria en un caso por homicidio agravado, no constituye impedimento jurídico para que dentro del proceso de extinción de dominio se recupere la tenencia material del bien.
En 2013, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá condenó a 39 años y 10 meses de prisión a ‘La Gata’ por haber ordenado el asesinato de Fabián Ochoa Torres, quien cuidaba un peaje ubicado entre los municipios de Carmen de Bolívar y Ovejas, en el departamento de Sucre, en hechos registrados el 12 de junio del 2000.
El crimen del vigilante fue ejecutado por grupos paramilitares. En el proceso penal, varios exintegrantes de las AUC aseguraron que López les dio la orden directa para asesinar al vigilante, a quien acusaba de tener nexos con la guerrilla.La empresaria fue sentenciada por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el fallo judicial.